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Hace 197 años, en enero de 1813, Artigas en sus instrucciones a García de Zúñiga, indicaba a las autoridades de Buenos Aires la base de su filosofía, que la Provincia Oriental estaba constituida por pueblos libres y que “la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como único objeto de nuestra revolución”.
A partir de 1830 la Provincia Oriental se transformó en la “República Oriental del Uruguay”, establecida como país independiente con una constitución fuertemente unitaria muy diferente a la filosofía federal del artiguismo.
Esta organización política desarrolló una filosofía extremadamente centralizada que se expresó a todos los niveles, una red vial y ferroviaria radial hacia Montevideo, un sistema portuario centrado en Montevideo, todos los organismos del estado, los poderes económicos y la única universidad pública se establecieron y aún están en Montevideo.
Luego de casi dos siglos, Uruguay es prácticamente el único estado de América Latina que no posee autoridades locales electivas (ver Tabla anexa).
Si bien Uruguay tiene autoridades de segundo nivel (departamentales) con competencias muy limitadas, no existen los “municipios” o autoridades locales de tercer nivel. Las “juntas locales” son designadas por los Intendentes (si lo desean) y no poseen autonomía financiera (no son ordenadoras de gastos).
La situación en América Latina es muy diferente. A modo de comparación señalemos que El Salvador tiene 14 departamentos que se subdividen en 262 municipios, en la República Dominicana hay 31 departamentos y 250 municipios, Paraguay posee 17 departamentos y 191 municipios, Ecuador 24 provincias y 226 cantones (municipios), Colombia.32 departamentos y 1120 municipios, Argentina 23 provincias y más de 500 municipios (o partidos), Nicaragua 15 departamentos y 153 municipios y nuestro vecino Brasil, tiene la impresionante cantidad de 5,564 municipios en sus 26 estados federados.
Con los antecedentes históricos hiper-centralizados que tiene el Uruguay no es extraño que haya una fuerte resistencia social y política a la constitución de municipios locales o “alcaldías” electivas.
Los argumentos son variopintos: que se agrega un nivel burocrático, que se incrementan los gastos, que se afectan las políticas departamentales, que no hay ninguna necesidad, etc.
En realidad, inconscientemente, se trata de defender el centralismo nacional, que, dicho de paso también se expresa a nivel departamental.
Quienes discrepan con la constitución de las alcaldías electivas están tratando de conservar el sistema actual para no ceder ni un ápice de poder.
Si no se puede evitar la constitución de las alcaldías, las fuerzas conservadoras (independientemente del color político) “por lo menos” han logrado reducir las opciones impidiendo el voto cruzado que permitiría un máximo de libertad al elector.
Tal vez las alcaldías impliquen gastos mayores, incremento de la carga impositiva, complicaciones políticas, riesgos de corrupción, ineficacia, pero no hay ninguna duda que constituyen un paso gigantesco hacia el establecimiento de una verdadera democracia territorial y participativa.
A partir de mayo del 2010 el país tendrá 89 municipios locales equiparándose, por fin, con el resto de los países del continente.
Tenemos que tener conciencia de que no va a ser fácil. No hay experiencia a nivel nacional, se requerirá un rápido y difícil aprendizaje, habrá mucha resistencia política, social y cultural, tanto a nivel nacional como departamental, se cometerán errores.
Sin embargo los uruguayos debemos comprender que estos problemas corregibles constituyen el precio que debemos pagar para constituir una verdadera democracia integral que respete las soberanías particulares de los pueblos como quería José Artigas.
Valdrá la pena.
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